No hay Estado de derecho en Venezuela

En entrevista con EXPRESO, el exministro de Relaciones Exteriores y destacado internacionalista Francisco Tudela consideró además que el Tribunal Supremo de Justicia de dicho país incumple artículo de su Constitución al no designar una junta médica que evalúe la salud de Hugo Chávez, lo que genera aún más polémica por la asunción de mando que nunca se ha efectuado.

POR REYNA CÁRDENAS ANDAZABAL

–El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), luego de interpretar el artículo 235 de la Constitución de dicho país, dictaminó que, al ser Hugo Chávez presidente reelecto, no fuese necesario que este jurara al cargo este 10 de enero, dándole además la libertad para hacerlo en fecha posterior. ¿Hay aquí una interpretación casi a la medida de Chávez?
En todas las constituciones y en todas las democracias constitucionales del mundo, sin ninguna excepción, hay un ciclo de alternancia en el poder, esto es, el plazo del mandato necesita de una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, afirmar que no hay un vacío de poder porque esta reelecto significa decir que basta con la elección pero no con la fecha de inicio y con la fecha de fin del mandato constitucional, lo que constituye una aberración para el derecho constitucional. Es decir, lo que está haciendo el TSJ es simplemente allanarse ante la dictadura del “Mussolini del Caribe” y sus secuaces, que es Hugo Chávez.
Además, este Tribunal Supremo ha incumplido frontalmente el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, porque ese artículo dice que cuando hay incapacidad física o mental manifiesta el tribunal tiene que nombrar una junta médica que verifique esto. Lo que debió haber hecho el TSJ, en vez de mover la fecha del 10 de enero –que es una violación constitucional muy grave–, es nombrar una junta médica para que vaya a La Habana y determine el estado de salud de Chávez.

–Es decir, el TSJ tendría que haber constituido la junta médica que tanto ha reclamado la oposición venezolana y que ahora solicita también la Iglesia…
Claro, el artículo 233 de la Constitución venezolana es taxativo, el TSJ tenía la obligación de nombrar una junta médica para determinar la capacidad de Hugo Chávez, y no lo ha hecho. Y ya que el Perú lidera el Unasur, el canciller (Rafael) Roncagliolo tiene que convocar a los países del Unasur para conformar una misión que se presente en Venezuela para condenar estos abusos. Es lo menos que puede hacer la Cancillería peruana, que tanto entusiasmo ha tenido con el Unasur; que si el Unasur sirve para algo, tiene que demostrarlo en Venezuela.

–Particularmente, ¿a qué cree usted que se deba el secretismo en torno a la salud de Hugo Chávez?
Daría la impresión de que Hugo Chávez no está ni en el estado físico ni en el mental para ser presidente de Venezuela, es un hombre muy enfermo.
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–Además del pronunciamiento de Unasur, ¿tendría que haber un pronunciamiento en este sentido de la OEA también?
También, pero ya que el Unasur ha intervenido en el caso del Paraguay, desde mi punto de vista pues ahora con justicia debería pronunciarse sobre el caso de Venezuela.

–A partir de esta interpretación de la Constitución venezolana y la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ha dado a Chávez “permiso indefinido” para ausentarse del país, ¿qué se podría decir de la salud del Estado de derecho venezolano?
Bueno, no hay Estado de derecho. La ley en Venezuela y la Constitución en Venezuela son un pedazo de caucho, son totalmente elásticas, hacen lo que quieren con ella. No hay Estado de derecho en Venezuela. Y esto va a acarrear consecuencias internacionales muy graves, porque hasta ahora el chavismo había mantenido las formas, pero ahora se quitan la careta y atropellan la Constitución de su propio país.

–¿Qué podríamos decir a partir de este 10 de enero, del gobierno de Venezuela?
Que es una dictadura demagógica, que es un gobierno absolutamente arbitrario, manejado literalmente por una banda de demagogos, pero esencialmente se trata de una dictadura.

El dato
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló el miércoles la continuidad en sus funciones del gobierno venezolano, aunque el presidente Hugo Chávez no jure ante la Asamblea Nacional y lo haga en fecha posterior ante ese tribunal, decidiendo así una controversia constitucional entre el oficialismo y la oposición.