Fundada desconfianza

Al Presidente Ollanta Humala le falta oxigeno. En declaraciones al diario “La Prensa” de México ha comparado la confianza pública al aire, afirmando: “(…) Mientras lo tienes no sientes que te falta, pero basta que te falte un poquito y ya te desesperas”. Sólo quién siente esa desesperación puede afirmar algo así.

El germen de esta desconfianza no es de hoy. El inverosímil abandono del programa de la “Gran Transformación” y su sustitución por la “Hoja de Ruta”, avalada mediante un juramento pintoresco rendido ante el novel marqués que preside la república de las letras peruanas, quedo anulado cuando al asumir el mando el 28 de julio del 2011, Ollanta Humala juró ejercer el cargo “(…) honrando el espíritu, los principios y valores de la Constitución de 1979”.

El juramento es indudablemente válido y legal, pues ante el requerimiento del Presidente del Congreso, el nuevo Presidente de la República sólo necesita articular una palabra: “juro”. Es lo único que requiere el Art. 116° de la Constitución vigente.

Pero el juramento despreciaba la Constitución de 1993, que había puesto fin a la era de las grandes tribulaciones, iniciada con el golpe militar de Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. Más aún, el juramento transgredía la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual dispone en el Art. 8°, inciso primero, que una función primordial y obligatoria del Presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, la de 1993.

¿Cómo puede cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1993, quién públicamente honra en el momento de jurar la Constitución de 1979, que es la antítesis absoluta de la Constitución vigente?

Para los peruanos, el recuerdo del calvario causado por las políticas marxistas de la dictadura de las Fuerzas Armadas, que entre 1968 y 1980 arruinaron al Perú, se reaviva hoy al conocerse los desmanes de los regímenes del “Socialismo del Siglo XXI” en América Latina.

Los peruanos no olvidan las expropiaciones de las grandes empresas de servicios, de los recursos naturales, de las haciendas, de la pesca, del 75% de la banca privada, etcétera. Tampoco olvidan la confiscación de los medios de comunicación en 1974, bajo la mirada autoritaria de Raúl Castro Ruz, alojado para el gran evento en el Círculo Militar de la Av. Salaverry.

Cuando en 1977 la dictadura militar se sintió acorralada por el descontento popular, el general Morales Bermúdez convocó a una Asamblea Constituyente. La mayoría de los políticos civiles se agarraron de este inseguro madero, con la excepción de Fernando Belaunde Terry, quién ganaría las elecciones generales de 1980.
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El 4 de octubre de 1977 se dio el Decreto Ley 21949, convocando a una Asamblea Constituyente cautiva. El Art. 2° establecía que “La Asamblea Constituyente tendrá como exclusiva finalidad la dación de la nueva Constitución Política del Estado, la que contendrá esencialmente, entre otras, las disposiciones que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”.

La Asamblea Constituyente de 1978 fue elegida sin prensa libre, pues toda estaba confiscada desde 1974 y sus políticas eran uniformemente controladas. Los constituyentes fueron privados del poder de dar leyes, con lo cual la asamblea no era ni por asomo un poder legislativo. El dictador rehusó firmarla y fue aprobada sin consulta popular. Fue puesta en vigencia el 28 de julio de 1980 por el Presidente Belaunde.

La Constitución de 1979 era absolutamente socialista. Contenía lo ordenado por el dictador, pues había amenazado con disolver la asamblea si no cumplía con lo mandado.  El Art. 111 de esa Constitución establecía la planificación socialista. El Art. 113 constituía al Estado empresario. El Art. 114 convertía al Estado en el dueño y arbitro de la economía. Esa Constitución aniquiló económicamente al Perú en la década siguiente.

La Constitución de 1993 – redactada por un Congreso libremente electo bajo observadores de la OEA y la UE, con irrestricta libertad de expresión, dotado de la capacidad de dar leyes, esto es, de un auténtico poder legislativo -, fue aprobada democráticamente por toda la ciudadanía en un referéndum nacional y estableció que la iniciativa privada era libre, barriendo con todas aquellas entelequias socialistas que habían destruido a nuestra Patria.

Cuando Ollanta Humala juró la Presidencia de la República ante el Congreso, el 28 de julio del 2011, lo hizo despreciando deliberadamente la Constitución de 1993 y “honrando el espíritu, los principios y valores de la Constitución de 1979”. Ese infeliz juramento fue el embrión de la desconfianza actual. Cuando su gobierno acarició la idea de comprar Repsol, el espectro del infame pasado se materializó en la mente de los peruanos. La desconfianza, fundada, se instaló en el país, dejando sin aire al Presidente.

Publicado en la revista Altavoz